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La iniciativa de reforma a la Ley Aduanera propuesta por el gobierno de Claudia Sheinbaum busca modernizar los procesos con herramientas digitales, endurecer la fiscalización y garantizar mayor transparencia en las operaciones de comercio exterior
El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó al Congreso una ambiciosa reforma a la Ley Aduanera que promete transformar la forma en que México controla sus operaciones de comercio exterior. Con casi 500 páginas, la iniciativa propone digitalización obligatoria de procesos, uso de inteligencia artificial y biometría, así como sanciones más severas para quienes incurran en prácticas indebidas.
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Aunque no contempla nuevos impuestos, el proyecto tiene un claro efecto recaudatorio: cerrar espacios a la evasión fiscal y al contrabando que han erosionado la competitividad del país.
TECNOLOGÍA PARA COMBATIR EL CONTRABANDO
Entre las medidas más relevantes se encuentra la implementación de monitoreo en tiempo real en todos los recintos aduaneros y la obligación de utilizar CFDI para transporte y traslado de mercancías. Esto permitirá trazar cada operación de importación y exportación con mayor precisión, reduciendo riesgos de subvaluación y fortaleciendo la transparencia en la cadena logística.
La modernización tecnológica no solo apunta a combatir delitos fiscales, sino también a agilizar procesos y brindar certeza a las empresas que cumplen con la ley.
AGENTES ADUANALES BAJO MAYOR ESCRUTINIO
La reforma también endurece las reglas para agentes y agencias aduanales. Sus patentes tendrán una vigencia de diez años, renovables bajo estrictos requisitos. Entre las nuevas obligaciones destacan presentar exámenes psicotécnicos, informes patrimoniales anuales y la prohibición de vínculos de parentesco con administradores aduaneros.
Un Consejo Aduanero será el encargado de suspender o cancelar las patentes en caso de incumplimiento. Además, si un agente deja de ejercer durante seis meses, la autorización caducará automáticamente.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE EMPRESAS Y AGENCIAS
Uno de los cambios más controvertidos es la responsabilidad solidaria: agentes y agencias deberán responder junto con las empresas por la veracidad de la información declarada en aduanas. Para la industria, esta disposición representa un reto adicional, pero también fomenta el cumplimiento estricto y la confianza internacional en las operaciones mexicanas.
De aprobarse, este esquema podría contribuir a posicionar a México como un socio más confiable en las cadenas globales de valor.
CANDADOS AL RÉGIMEN IMMEX Y NUEVAS REGLAS PARA MENSAJERÍA
El régimen IMMEX, clave para la manufactura de exportación, enfrentará candados adicionales que obligarán a comprobar que las importaciones realmente se destinen a exportación. Con ello, se busca eliminar abusos que distorsionan la competencia.
En paralelo, las empresas de mensajería y paquetería tendrán un marco regulatorio específico. Podrán despachar mercancías bajo un procedimiento simplificado con autorización renovable cada dos años y acceso digital a las autoridades. Si incumplen, la ANAM podrá cancelar su permiso. Esto abre un beneficio particular para el comercio electrónico y para las pymes exportadoras.
BENEFICIOS ESPERADOS PARA LA INDUSTRIA
Analistas señalan que la industria mexicana podría obtener ventajas importantes con la aprobación de esta reforma:
· Mayor seguridad jurídica en las operaciones de importación y exportación.
· Reducción del contrabando y de la subvaluación de mercancías.
· Procesos más digitalizados y ágiles para empresas cumplidas.
· Atracción de inversión extranjera gracias a un sistema aduanero más confiable.
· Impulso al comercio electrónico y pymes exportadoras con reglas claras para mensajería.
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UN RETO DE IMPLEMENTACIÓN
Pese a sus posibles beneficios, la reforma enfrenta el desafío de su aplicación. Empresarios y especialistas advierten que la corresponsabilidad entre agentes y compañías puede aumentar los costos de cumplimiento. Sin embargo, coinciden en que, a largo plazo, la modernización de las aduanas fortalecerá la competitividad del país y la confianza de los socios comerciales.
El debate en el Congreso será clave para definir si esta iniciativa se convierte en uno de los pilares de la política económica del nuevo sexenio.
